Scene 1

La Constitución Nacional en su artículo 1º establece que la Argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa,
republicana y federal. La forma de gobierno es una democracia representativa, ya que se considera indirecta, el pueblo gobierna a
través de representantes que elige para hacerlo. Que sea republicana implica que la organización política parte de la igualdad de
todos los hombres, por ende el gobierno es un agente del pueblo (que el pueblo elige) y tiene responsabilidad frente al pueblo en
el ejercicio de sus funciones.
Uno de los requisitos esenciales de la República, es la división de poderes, la cual implica que las funciones de gobierno van a
estar separadas, coordinadas y equilibradas entre distintos órganos que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial con el objetivo
de evitar la concentración de poder en un único órgano o persona que derivaría en una tiranía, se busca resguardar los derechos
de cada uno de los individuos. La Constitución Nacional concreta esta división de poderes entre los arts 44 y 120.
Art 2: El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.
Art 120: El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las
demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y
los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.
El poder judicial tiene a su cargo la función de administrar justicia, implica resolver los conflictos o controversias que se susciten
entre los particulares, entre los particulares y el Estado, y también sancionar los delitos establecidos por la ley. Lo lleva adelante
mediante la potestad jurisdiccional. La jurisdicción es la función pública en virtud de la cual se determina el derecho de las partes
con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de acuerdo con la Constitución y la ley.
Art 108 CN: El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores
que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Los jueces de los tribunales inferiores son los jueces nacionales y federales de primera instancia y de la Cámara.
La Constitución Nacional crea un solo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque los demás tribunales
inferiores son delegados al Congreso Nacional a través del dictado de leyes.
Art 116 CN: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Art
75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules
extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se
susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre
una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
Art 117 CN: En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el
Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia
fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.
La Corte Suprema interviene como instancia de apelación de las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores, es una
instancia revisora. Además, la Corte se reserva un margen de actuación que es originario y exclusivo, es decir que previo a su
actuación no va a existir una decisión de un tribunal inferior que deba ser revisada, sino que la Corte interviene de manera directa
en asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia sea parte.

Las bases de la república son: igualdad ante la ley (Art 16): no prerrogativas de sangre ni de nacimiento; idoneidad como única
condición para los empleos; igualdad es la base del impuesto y cargas públicas. Elección popular de autoridades, división de
poderes, para que no haya abusos, sistema de peso y contrapeso, responsabilidad en sus funciones: Art 53 (mal desempeño o
delito en el ej. de sus funciones. Acusan los diputados y juzgan los senadores. Destituye y declara incapaz de ocupar empleo en la
Nación), 59, 60, 66, Concepto. Periodicidad de los mandatos: no sobre el P.]. Publicidad de sus actos.

Consejo de la Magistratura
La Convención Nacional Constituyente de 1994 que tuvo a su cargo la modificación de la Constitución, incorporó al Consejo de la
Magistratura en el artículo 114, este nuevo órgano fue objeto posteriormente de reglamentación a través de la ley 24.937 y
posteriormente esta ley fue modificada por la ley 26.080. El Consejo de la Magistratura procura el equilibrio entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias nacionales y
federales, de los abogados de la matrícula federal y por otras personas del ámbito académico y científico. Actualmente, esta
compuesto por 3 jueces del poder judicial de la Nación, 6 legisladores nacionales, 2 representantes de los abogados de la
matrícula federal, 1 representante del poder ejecutivo y 1 representante del ámbito académico y científico que deberá ser
profesor regular de cátedra universitaria de facultad de derecho nacional.
Funciones del Consejo de la Magistratura: tiene a su cargo la selección de los magistrados de los tribunales inferiores y la
administración del Poder Judicial de la Nación. Para realizar estas dos funciones, debe realizar concursos públicos para
seleccionar los postulantes a la magistraturas inferiores, emitir propuestas internas vinculantes al poder ejecutivo para el

Scene 2

nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley asigna a
la administración de justicia, ejerce facultades disciplinarias con respeto a los jueces, decide la apertura del procedimiento de
remoción
de magistrados, en su caso ordena su suspensión y formula la acusación correspondiente. Dicta los reglamentos

relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la
eficaz prestación del servicio de justicia.
Los jueces nacionales y federales de primera y segunda instancia, son designados por el presidente de la Nación con acuerdo del
Senado y en base a una propuesta vinculante emitida interna por el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta los requisitos
de idoneidad. Los postulantes al cargo de magistrado deben superar un concurso de oposición público al que son sometidos en un
examen escrito en los que se procura evaluar la idoneidad para el cargo, aptitud funcional y vocación democrática.
Es decir que, cuando hay un vacante para juez, el Consejo de la Magistratura realiza un concurso de oposición y a partir de los
resultados eleva al presidente de la Nación una terna de 3 posibles candidatos para ocupar la vacante de juez que se encuentra
disponible. El presidente elige uno de esos tres candidatos y le solicita al Congreso de la Nación (Senado) el acuerdo para
designarlo, y luego el presidente designa a la persona como juez a través de un decreto.
Art 114 CN: El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será
integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por
otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Son sus atribuciones: 1. Seleccionar
mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el
nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley
asigne a la administración de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del
procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar
los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de
los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

El Ministerio Publico Fiscal está regulado en la ley 27.148, es la ley orgánica del Mnisterio Publico Fiscal. Es el órgano encargado
de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Tiene como fin
fundamental velar por la efectiva aplicación y vigencia de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos en los que la Argentina es parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (Art 1).
(Art 2) Para garantizar la efectiva vigencia de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que
la Argentina sea parte, deberá a) dictaminar en las distintas causas que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, siempre que exista controversia acerca de la interpretación o aplicación directa de una norma de la Constitución o de
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Argentina sea parte, ello será determinado y efectuado el
Procurador General de la Nación a partir del análisis de la normativa en la que se refiera y las circunstancias del caso que se
encuentren implicadas. b) Dictaminar en cualquier otro asunto en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiera su
dictamen fundado en razones de gravedad institucional o por la importancia de las normas legales cuestionadas (según lo requiera
la Corte Suprema).
Asimismo el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrá intervenir, según las circunstancias e importancia del asunto, en los casos
presentados en cualquier tribunal federal del país o tribunal nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los casos en los que no se haya transferido dicha competencia, siempre que en ellos se cuestione la vigencia de la
Constitución o de instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la República sea parte, o se trate de: c)
Conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos o difusos. d) Conflictos en los que se encuentre afectado el
interés general de la sociedad o una política pública trascendente. e) Conflictos en los que se encuentre afectado de manera grave
el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes o por notoria asimetría entre ellas. f) Conflictos de
competencia y jurisdicción de los órganos jurisdiccionales. g) Casos en que una norma especial lo determine.
La función del Ministerio Público de la defensa de la Nación, se encuentra regulado en la ley 27.149. Interviene en un expediente
laboral, siempre que exista una especial circunstancia de vulnerabilidad, como es en el caso de los menores (cuando un mayor
representa a su hijo menor, interviene la defensoría pública de menores e incapaces, que junto con el representante ejerce la
defensa de la parte vulnerada como lo es el menor).
Función principal: El Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que
garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a principios,
funciones y previsiones establecidas en la presente ley. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los
derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Art 1).
Art 15 - Integrantes. El Ministerio Público de la Defensa está integrado por: a) Magistrados: 1. Defensor General de la Nación. 2.
Defensores Generales Adjuntos. 3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante las Cámaras

Scene 3

de Casación. 4. Defensores Públicos de Coordinación. 5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación,
Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores
Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de
Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única
en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución
de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo. 6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y
Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia. 7. Defensores Públicos Oficiales ante los
Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país. 8.
Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de
Primera Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las
Relaciones de Consumo y Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias. 9.
Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores. 10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
b) Defensores Públicos Coadyuvantes. c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.

El Procurador General de la Nación es el Jefe máximo del Ministerio Público Fiscal, ejerce la acción penal pública y demás
facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de órganos inferiores que establezcan las leyes.
Defensores Públicos de Menores e Incapaces: El art 120l, establece que el Ministerio Público es un órgano independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad,
de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la república. Está integrado por un
procurador general de la nación y un defensor general de la nación y demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan
de las inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.Se trata entonces de un órgano extra poder, reviste una
posición controladora desde afuera de los tres poderes clásicos.

Organización y estructura de la Justicia Nacional del Trabajo

El Poder Judicial de la Nación lo ejercen la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. A partir de la función
de administración de justicia, para aquellos conflictos y controversias de relevancia jurídica, cuando sean de naturaleza laboral y
se den en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal que interviene es la Justicia Nacional del Trabajo. En
materia de derecho del trabajo, en el ámbito de la Capital Federal, la ley 18.345 de organización y procedimiento laboral regula la
manera en que se organiza la Justicia Nacional del Trabajo y el procedimiento a seguir para llevar un juicio de naturaleza laboral.
La Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal estará organizada de acuerdo con disposiciones de esta ley. Se ejercerá por
los jueces nacionales de primera instancia del trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Art 1).
Actualmente, la Justicia Nacional del Trabajo esta constituida por 80 juzgados de primera instancia unipersonales (a cargo de un
único juez) y 10 salas que integran la Cámara de Apelaciones (son tribunales colegiados, cada una está integrada por 3 jueces).
La ley establece un procedimiento de doble instancia para la resolución de conflictos laborales, una primera instancia a cargo de
los juzgados nacionales y una instancia revisora a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (organismo colegiado
dedicado en lo sustancial a funciones de revisión: CNAT). La decisión adoptada por el juez de primera instancia, puede ser
recurrida o apelada frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La Cámara de Apelaciones estará integrada por el número de jueces que determine la ley; actuarán en salas de 3 miembros cada
una, y en pleno cuando así correspondiere. Además, tendrá un secretario general, un prosecretario general y un secretario para
cada sala, quienes deberán reunir las condiciones exigidas por la Ley de Organización de la Justicia Nacional (art 4 L.O.) La Cámara
de Apelaciones ejercerá la superintendencia directa sobre los magistrados, funcionarios y empleados (Art 6, L.O.).
Según el Art 2 de la citada norma legal, los requisitos para magistrados y funcionarios deberán ser los siguientes: para ser
designado juez de primera instancia o juez de la cámara de apelaciones, será necesario reunir los requisitos exigidos por la ley de
organización de la justicia nacional para todos los jueces nacionales.
La ley establece un procedimiento pleno pero sumario, conforme a los principios fundamentales del derecho del trabajo, se busca
que el procedimiento tenga las características de celeridad y economía procesal; el procedimiento debe ser lo más rápido posible
para que el trabajador pueda acceder al reconocimiento de los derechos que pretende. Esto se debe a que los créditos que se
discuten en el marco de un juicio laboral, son de naturaleza alimentaria y exigen, sea en un despido o en un accidente, una
respuesta lo más rápida posible por parte de la administración de justicia. Los créditos de naturaleza alimentaria implican la
existencia de créditos necesarios para la subsistencia de la persona. El juez es quien ejerce esta función jurisdiccional, como
función de gobierno por parte del Estado, tiene la dirección del proceso que va a permitir llegar a una decisión donde se
reconozca el derecho y se dirima el conflicto o controversia involucrada.

Deberes
Los jueces, secretarios y prosecretarios son las máximas autoridades dentro del juzgado de primera instancia en ese orden.

Scene 4

Deberes generales de los jueces (Art 34 Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación):
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo,
con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia, o cuando lo considere pertinente, si las circunstancias lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente judicial quedarán suspendidos por 30 días contados a partir de la notificación del
mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso
de las partes. En los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de
la demanda, se fijará una audiencia en la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella el juez tratará de reconciliar a las partes y de avenirlas sobre cuestiones relacionadas con la tenencia
de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo preferencias establecidas en
el Reglamento para la Justicia Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
a) providencias simples, dentro de 3 días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo
prescripto en el art 36, inc 1) e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente; b)
sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias (con acuerdo previo), salvo disposición en contrario, dentro de 10 o 15
días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado; c) sentencias definitivas en
juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de 40 o 60 días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.
El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las
providencias simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo
de 15 días de quedar en estado; d) sentencias definitivas en el juicio sumarísimo (la temática en debate implica que sean dictadas
con mayor celeridad), dentro de 20 o 30 días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal
colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de 10 y 15 días, respectivamente. En todos los supuestos, si se
ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código: I. Concentrar en lo posible,
en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar. II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición,
defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades. III. Mantener la igualdad de las partes en el proceso. IV. Prevenir y sancionar
todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. V. Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor
economía procesal. VI. Declarar, en oportunidad de dictar sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieran incurrido
los litigantes o profesionales intervinientes.
Potestades disciplinarias que tiene el juez dentro del ámbito de su dependencia y en el proceso por ejemplo en el inc 1: Para
mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales deberán (Art 35):
1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o
tercero interesado solicite que no se lo haga.
2) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
3) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, ley orgánica, Reglamento para la Justicia Nacional, o normas
que dicte el Consejo de la Magistratura. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este Código, se
aplicará al que le fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los
funcionarios que deberán promover la ejecución de multas, esa atribución corresponde a los representantes del Ministerio
Público Fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que
las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.
Deberes y facultades ordenatorias e instructorias que tiene el juez dentro del proceso: Aún sin requerimiento de parte, los jueces
y tribunales deberán (Art 36):
1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso (en el fuero del trabajo, el impulso de todas las causas es de
oficio hasta el dictado de la sentencia, debido a que se trata de créditos alimentarios. Luego de dictada la sentencia, la ejecución
de la sentencia es a impulso de las partes). A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se
pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
2) Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal (tanto el juez de primera o segunda instancia, en
cualquier estado del proceso, puede intentar que el proceso se termine através de un acuerdo conciliatorio, que debe tener la
homologación judicial: evalúa si el acuerdo se encuentra en justa composición los deberes y derechos de las partes, según el art
15 de la ley de contrato de trabajo), pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de

Scene 5

resolución de conflictos. En cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una
conciliación.
3) Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la
actividad probatoria (intentar concentrar en un acto todos los actos que se pueda, simplificar los actos procesales de la forma más
rápida posible). En todos los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
4) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de
las partes. A ese efecto, podrán: a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las
explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito; b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos
con arreglo a lo que dispone el art 452, peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario; c)
Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de
terceros, en los términos de los art 387 a 389. 5) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o
incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que
estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual
objeto. 6) Corregir, en la oportunidad establecida en el art 166, inc 1 ) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir
cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o
agregado no altere lo sustancial de la decisión (tanto el juez de 1era como 2da instancia, a través del recurso de aclaratoria).

Corresponde al Presidente de la Nación en su condición de cabeza del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, designar a los
jueces federales y nacionales de primera instancia y de Cámara en base a una propuesta vinculante emitida en terna del Consejo
de la Magistratura, teniendo en cuenta el requisito de idoneidad. Para poder postularse al puesto de magistrado de Cámara, se
requiere ser argentino nativo o naturalizado, con 8 años de ejercicio en la profesión de abogado y 30 años de edad. A su vez,
para ser designado juez de primera instancia se requiere también la condición de argentino nativo o naturalizado con 6 años de
ejercicio de la profesión de abogado y 28 años de edad. Los postulantes a tales cargos deben superar un concurso de oposición en
los que son sometidos a examen escrito y entrevistas personales, en los que se procura evaluar su idoneidad, aptitud funcional y
vocación democrática. El/la Secretario/a es auxiliar, da fe pública de lo actuado en el proceso, es el responsable de la
administración. Asimismo, firma certificaciones, impulsa el proceso, no al uso de jurisdicción, dicta autos de mero trámite.
Deberes de los secretarios (Art 38): Las secretarías en el fuero del trabajo son únicas.
Los secretarios tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de
organización judicial se les impone:
1) Comunicar a las partes y a terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin
perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios
sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones. (el secretario da fe de cada acto que se efectúa dentro de un
juzgado o tribunal). Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y
magistrados judiciales, serán firmadas por el juez.
2) Extender certificados, testimonios y copias de actas.
3) Conferir vistas y traslados.
4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al prosecretario administrativo o jefe de despacho, las providencias de
mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art 34, inc 3) a). En la etapa probatoria firmará todas las
providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.
5) Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez.
6) Devolver los escritos presentados fuera de plazo.
El secretario también es quien dirige el personal en cada dependencia.

Deberes de los prosecretarios administrativos o jefes de despacho: En cuanto al movimiento del expediente, remiten las causas a
los juzgados de primera instancia o elevarlos a la alzada, remitirlos a la fiscalía. Los prosecretarios administrativos o jefes de
despacho o quien desempeñe cargo equivalente tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras
disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone (Art 38 bis):
1) Firmar las providencias simples que dispongan (no requieren de la firma del juez o secretario, tienen que ver con providencias
de mero trámite como por ejemplo traslados que no implican la fe pública que tiene que prestar el secretario de primera instancia
o la decisión final que esta en manos del juez y tiene que ser firmada por él):
a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y,
en general, documentos o actuaciones similares.
b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.
2) Devolver los escritos presentados sin copia.

Obligaciones, deberes y prohibiciones de los empleados judiciales

Scene 6

El Reglamento de la Justicia Nacional regula aspectos vinculados al funcionamiento de los tribunales y al desempeño de
magistrados, funcionarios y empleados.
Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales deben tener una conducta irreprochable (Art 8 del Reglamento para la
Justicia Nacional): Se trata de pautas específicas de conducta que se debe respetar, especialmente están obligados a:
a) Residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda de 40 kilómetros
del mismo. La Corte Suprema podrá dispensar temporalmente de esta obligación a los magistrados de todas las instancias, y a los
funcionarios y empleados de ella. Los demás funcionarios y empleados deberá requerir esta dispensa de las respectivas cámaras
de apelaciones que, en el caso de concederla, deberán comunicarlo a la Corte Suprema con expresión de causa.
b) Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales (esta prohibido
ventilar asuntos vinculados con nuestra función).
c) No evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible (futura).
d) No gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos, salvo los supuestos de de representación necesaria.
e) No realizar actos de proselitismo político.
f) Rehusar dádivas (regalos) o beneficios.
g) No practicar juegos por dinero ni frecuentar lugares destinados a ellos.
h) Levantar en el plazo de 60 días contados desde la fecha de su notificación cualquier embargo que se trabare sobre sus sueldos o
el concurso que se hubiere decretado. Excepcionalmente, y con mención explícita de la razón que lo determine, la respectiva
autoridad de superintendencia podrá ampliar este plazo o aun eximir al interesado del cumplimiento de esta obligación.
i) No ejercer profesiones liberales ni aun con motivo de nombramientos de oficio o a propuesta de partes.
j) No ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia.
k) No desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin autorización de la respectiva autoridad de
superintendencia. Exceptúanse los cargos docentes y las comisiones de estudio, pero los magistrados no podrán desempeñar
cargos docentes en la enseñanza primaria o secundaria.
l) No practicar deportes como profesional.
m) No participar en asociaciones profesionales, con excepción de las mutualistas, ni en comisiones directivas de ninguna
asociación, sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia.
Obligaciones de los empleados: Además de lo dispuesto en el art 8 , en virtud del art 19, los empleados deberán en modo de
respetar las jerarquías: a) Dar aviso a su jefe o al sustituto, a efecto de su comunicación a la autoridad superior, cuando les fuera
imposible concurrir a su empleo. b) el empleado no debe abandonar su labor sin permiso de su jefe (debe dar aviso a el). c)
Abstenerse de peticionar a las autoridades superiores sin la venia (permiso) de su jefe inmediato, salvo el caso de injusta
denegación. d) Observar las normas de disciplina. e) Atender con deferencia al público, darle las informaciones que fueren
pertinentes y abstenerse de recibir dinero para reposición de sellos. En las oficinas de los tribunales no se usarán objetos con
avisos comerciales o profesionales (art 20).

Concientización sobre la perspectiva de género - Ley Micaela (27.499)

A partir del marco normativo internacional y nacional constituido por la Convención para la eliminación de todas las formas de
discrimminación contra la mujer (CEDAW - 1979), por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer conocida como Convención de Belém Do Pará del año 1994, por la ley 26.485 de proteción integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la
ley 26.743 de identidad de genero y la ley 27.499 de capacitción obligatoria en genero y violencia contra las mujeres para todas las
personas que integren los tres poderes del Estado (la conocida Ley Micaela). Se asumió el compromiso institucionalmente de
garantizar los derechos de mujeres y diversidades frente a todas las formas de discriminación y violencia, en pos de la
construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas sin establecer jerarquías
entre las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de genero. A través de la Ley Micaela, ley 27.499, se
estableció la obligatoriedad de la capacitación en tematica de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que
se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquias del poder judicial, legislativo y ejecutivo. La obligación de
realizar la capacitación en materia de género, es tanto por parte del Estado de promover la capacitación como de cada uno de los
que integran los poderes del Estado.
La competencia de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad está a
cargo del Ministerio de las mujeres, género y diversidad.
Marco normativo Nacional e internacional, exégesis de la norma y autoridad de aplicación.
Art 1: Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que
se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Art 6: La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del
Instituto Nacional de las Mujeres. El Decreto N 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios, aprobó la creación y competencias

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del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como respuesta al compromiso asumido para garantizar los derechos de las
mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más
igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones
sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno. En este orden de ideas, el citado
decreto establece que compete al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad entender en el diseño, ejecución y evaluación
de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al Presidente de la Nación y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a cuestiones de su competencia. Asimismo, este Ministerio tiene a su cargo entre
sus funciones, articular acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de
políticas de género, igualdad y diversidad; entender en el diseño e implementación de las políticas de formación y capacitación en
materia de género, igualdad y diversidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías en la Administración Pública Nacional, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en los casos que
corresponda y para organizaciones de la sociedad civil; y diseñar e implementar investigaciones y estudios de género, igualdad y
diversidad para el desarrollo de las políticas públicas nacionales. En este sentido y conforme sus facultades, corresponde al
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de políticas de
género, igualdad y diversidad, procurando la identificación de necesidades de adecuación y actualización normativa y asegurando
un enfoque transversal de las políticas por medio de la coordinación interministerial y la articulación con actores de la sociedad
civil, las organizaciones sociales y los ámbitos académicos de todo el territorio nacional.
Marco normativo nacional e internacional
• Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979: Ley 23.179).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará
(1994, Ley 24.632).
• Principios de Yogyakarta (2007).
• Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (2009), actualizada por Ley 27.501 y Ley 27.533 de 2019
• Ley 26.743 de Identidad de Género.
• Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia contra las Mujeres para todas las personas que integran los tres
poderes del Estado — "Ley Micaela" (2018)

Ingreso al fuero del trabajo 2021

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Organización de la Justicia Nacional   La Constitución Nacional

Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación

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Art 114 CN: El Consejo de la Magistratura

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena

Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo

Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia

Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia

Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo y Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias

Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores

Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación

Defensores Públicos de Menores e Incapaces

Justicia Nacional del Trabajo   El Poder Judicial de la Nación

Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Art 34 Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación

Obligaciones de los empleados: Además de lo dispuesto en el art 8

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales

Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia contra las Mujeres

Ingreso al fuero del trabajo 2021

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